Comisiones Obreras Canarias | 29 marzo 2024.

El Gobierno de Canarias muestra dejadez ante la acreditación de competencias profesionales que necesita más de la mitad de la población activa

  • Comisiones Obreras reprocha a la Administración educativa y al Gobierno de Canarias la lentitud y falta de compromiso con el 51% de las trabajadoras y trabajadores en activo de las Islas que no tienen reconocida aún sus competencias profesionales.

23/05/2022.

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Yolanda Guedes, Técnica de la Secretaría de Empleo de CCOO Canarias; José Ramón Barroso, Secretario General FECCOO Canarias; Inocencio González Tosco, Secretario General de CCOO Canarias

Yolanda Guedes, Técnica de la Secretaría de Empleo de CCOO Canarias; José Ramón Barroso, Secretario General FECCOO Canarias; Inocencio González Tosco, Secretario General de CCOO Canarias

En julio de 2020 el Ministerio de Educación y Formación Profesional hizo público su Plan de Modernización de la Formación Profesional. En una de las actuaciones del mismo se apuesta por que la acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación sea un procedimiento administrativo abierto de forma permanente respecto a cualquier estándar de competencia profesional incluido en el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales. Con ello pretende poner fin a las limitaciones del método existente que ralentizaba enormemente el proceso de acreditación de competencias profesionales de la población activa. 

Con un presupuesto inicial de casi 852,5 millones de euros, el Ministerio de Educación y FP pretende acreditar en cuatro años las competencias profesionales de más de tres millones de personas. Con el procedimiento vigente hasta ahora solo se habían acreditado las competencias de 300.000 trabajadoras/es en 10 años en toda España; en Canarias solo se había podido acreditar a 11.000 personas en esos últimos 10 años

Algunos responsables de empleo del Gobierno de Canarias afirman que en las Islas se van a acreditar únicamente 55.000 personas y que se dispone para ello de un presupuesto de 53.000.000 euros, entendiendo que esto supone la traslación de dicho Plan de modernización de la FP a Canarias.

No obstante, desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Canarias, valorando los datos expuestos en el Plan (ver Tabla 1), entendemos que si aplicamos la misma proporción a Canarias que la del Plan estatal, en cuatro años no correspondería acreditar en las islas a solo 55.000 personas: debería acreditarse a unas 184.647, más del triple de lo que promete Empleo, lo que supondría un gasto proporcional de 46.960.152 euros. Con los 53 millones de euros adjudicados por el Ministerio de Educación a Canarias existiría un excedente de unos 6 millones de euros.

TABLA 1. PLAN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Plan del Gobierno de España
Población activa Población en desempleo % Pob. activa que necesita acreditación % Pob. a acreditar en 4 años Presupuesto a 4 años
España 23.288.700 3.103.800 13,33 10.712.802 46  3.352.000  852.480.000
Canarias 1.157.100 219.100 18,94 590.121 51 ¿55.000?  53.000.000 
Misma proporción Canarias/España 184.647 46.960.152

Fuente: 1. Plan de modernización de la Formación Profesional. 2. Datos del Instituto Nacional de Estadística de la “Encuesta de Población Activa (EPA)” del cuarto trimestre de 2021.

Desde CCOO proponemos que de los más de tres mil docentes titulados que hay en los alrededor de 150 centros públicos canarios que imparten formación profesional repartidos por toda la geografía de las islas, se dediquen organizadamente mil docentes con cuatro horas de su horario lectivo a procedimientos de acreditación y reconocimiento de la formación adquirida por experiencia laboral, con lo que llegaríamos perfectamente en cuatro años a acreditar y elaborar un itinerario formativo personal a más de las 184.647 personas mencionadas

Ello requeriría incrementar la plantilla del profesorado de formación profesional en unos 250 docentes: con un coste aproximado de cuarenta mil euros por año y docente, nos daría un presupuesto de 10 millones de euros por año. Esto supondría 40 millones de euros en los 4 años en el capítulo de personal. Restarían aún 13 millones de euros de los 53 adjudicados por el MEyFP para otros capítulos del Plan. 

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Canarias ya propuso en marzo de 2021 que se aplicara esto en el curso 2021-22, solicitando que se introdujera en la planificación general anual en los horarios de estos mil profesores y profesoras en el CalPlan (cálculo de plantillas), pero la consejería de educación hizo caso omiso a nuestra propuesta. 

Esta idea se le ha vuelto a trasladar para el próximo curso a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, pero eluden su responsabilidad en este asunto y sostienen que no han recibido dinero alguno para el desarrollo de este Plan, que es imposible que ese dinero se invierta en Capítulo I, de personal, para poder contratar más profesorado que ayude a cumplir con los objetivos del mismo y que no es posible implementar la propuesta planteada por nuestra organización para cumplir con esos objetivos que estipula el Estado en materia de acreditación de competencias profesionales de la población activa. Igualmente se ha trasladado la propuesta de CCOO en reiteradas ocasiones al Consejo Canario de Formación Profesional.

Ante esta pasividad del Gobierno de Canarias hemos optado por presentar una pregunta de iniciativa ciudadana en el Parlamento de Canarias con objeto de conocer: 

  1. ¿Por qué la Consejería de Educación y/o el Gobierno de Canarias no desarrollan el Plan de Modernización de la Formación Profesional de acuerdo a la normativa legal vigente y cumplen con los objetivos planteados en el mismo?
  2. Habiendo presentado Comisiones Obreras una propuesta encaminada a cumplir sobradamente con dicho Plan, ¿por qué la Consejería de Educación o el Gobierno de Canarias, al no plantear una alternativa mejor que la de CCOO, obvian dicha propuesta que permite llegar al menos a 184.647 trabajadoras y trabajadores teniendo en cuenta el presupuesto comprometido?