Comisiones Obreras Canarias | 17 noviembre 2025.

El Plan de Vivienda 2026-2030 supone un avance, pero carece de la ambición necesaria para convertirla en el 5º pilar del Estado de Bienestar

    17/09/2025.

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    Con motivo de la puesta en audiencia e información pública del Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a desarrollar por las comunidades autónomas, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha mantenido una reunión con los sindicatos CCOO y UGT.

    En esta reunión, la ministra nos ha enunciado las líneas de actuación y contenidos principales del próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el incremento de la oferta de vivienda protegida tanto social como asequible, al fomento de la rehabilitación, la regeneración y renovación urbana y rural y la financiación de ayudas para reducir la tasa de esfuerzo de los hogares para el pago de la vivienda en régimen de alquiler , así como medidas para facilitar la emancipación de las personas jóvenes.

    Para ello, el plan se dota con un presupuesto de hasta los 7.000 millones de euros, de los cuales el Estado aportaría el 60%, 4.200 millones de euros, y las comunidades autónomas el 40%, 2.800 millones de euros.

    Los cambios más significativos con el anterior plan y con planes anteriores serían: se reconoce el acceso a la vivienda como el quinto pilar del Estado de Bienestar, toda vivienda que se construya o capte con fondos del plan deberá de permanecer en el parque público de vivienda con carácter permanente, la obligatoriedad de cofinanciación de las CCAA que se quieran adherir 60% el Estado y 40% las CCAA, implantación de un sistema único de información y gestión de datos sobre la situación de la vivienda en cada CCAA, para facilitar la planificación, seguimiento y evaluación del Plan.

    Estas condicionalidades son los acuerdos mínimos propuestos para la firma de los convenios de colaboración entre el MIVAU y las CCAA.

    Además parte de las ayudas están ligadas al PERTE de la industrialización de la Construcción que permitirá favorecer un cambio en el modelo de construcción y con el posible aumento de nuevos puestos de trabajo.

    Los sindicatos valoramos de manera positiva la mayoría de las líneas de actuación y contenido del plan, dado que recoge muchas de nuestras aportaciones/alegaciones que hicimos durante la consulta pública previa al proyecto de Real Decreto que regulará el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. De manera especial destacamos las siguientes:

    • El incremento presupuestario, aunque creemos que aún es insuficiente, con el actual escenario de crisis de vivienda que sufre el país, la inversión en vivienda debería ser al menos el equivalente al 1% del PIB, 15.000 millones de euros, para homologarnos a la mayoría de los países de nuestro entorno.

    • La condicionalidad para poder firmar los convenios de desarrollo del plan con las CCAA, estas deberán comprometerse a que las viviendas financiadas con los fondos del plan no puedan desclasificares, permaneciendo siempre dentro del parque público de vivienda tengan un carácter permanente, así como la obligatoriedad de la cofinanciación de las actuaciones, así como la obligatoriedad de compartir datos e información para poder realizar un seguimiento y evaluación del desarrollo del plan.

    Otros aspectos que valoramos de manera positiva, por el impacto en la población beneficiaria de las ayudas recogidas en el plan, es el haber incrementado los ingresos que pueden percibir anualmente las unidades de convivencia (hogares), se pasa de 3 a 5 veces el IPREM, ello significa pasar de 25.200 euros anuales a 42.000 euros, pudiendo llegar ciertos colectivos, familias numerosas o personas con discapacidad hasta los 50.400 euros, en función de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE y de la Agencia Tributaria, esto supone que se amplían en un 33% los posibles hogares beneficiarios de las ayudas, así como la ampliación del limite de renta de los alquileres de vivienda y habitaciones que pueden solicitar las ayudas pasando de los 600 a 1.000 euros en el caso de las viviendas y de los 300 a 600 euros en el caso de las habitaciones.

    Así mismo, valoramos que en el programa de captación o cesión de vivienda vacía, para poner en alquiler social o asequible, se aumenta el presupuesto en el caso de las cesiones temporales para la rehabilitación inicial desde los 8.000 euros con un límite del 75% hasta los 12.000 euros, pudiendo ser el 100%, y una vez acabada la cesión hasta 18.000 euros, pudiendo llegar a 20.000 euros por vivienda para sufragar hasta el 100% de los gastos de las obras y actuaciones necesarias para recibir la vivienda en las mismas condiciones en que fue cedida.

    Por último, entre los aspectos positivos la incentivación financiera aquellas CCAA que apliquen en el desarrollo del plan el artículo 18 por la Ley, 12/2023, por el derecho a la vivienda, que permite regular la declaración de zonas tensionadas, protegiendo a los inquilinos, pero también incentivando fiscalmente a los propietarios.

    Por ejemplo, en la rehabilitación de zonas urbanas se podrán financiar de manera general hasta el 70% pero si la zona es tensionada podrá llegar al 85%, a su vez los propietarios que alquilen su vivienda podrán deducirse el 50% en el IRPF de manera general y sin embargo, la vivienda se encuentra en zona tensionada podrá ser del 70% pudiendo llegar al 90%. También aquellas CCAA que utilicen como modelo de construcción la vivienda industrializada tendrán mayores porcentajes de financiación.

    Entre los déficits que encontramos en el proyecto de plan, se encuentra la ya comentada insuficiencia presupuestaria, continuamos reivindicando como mínimo el 1% del PIB, así mismo siendo necesaria medidas especificas para los colectivos más vulnerables en el acceso a la vivienda, este se ha convertido en un fenómeno transversal que no entiende de edades, por ello creemos que se deberían ampliar los colectivos teniendo en cuenta sobre todo las rentas disponibles.

     

    También encontramos déficit en parte de las ayudas al alquiler anunciadas, lejos de favorecer el acceso a la vivienda de la población joven, pueden tener el efecto contrario si acaban trasladándose íntegramente al precio final, como habitualmente ocurre con la implementación de políticas de este tipo. Es por eso que es importe modificar aspectos de las ayudas para conseguir el propósito de facilitar la emancipación juvenil que actualmente está en 30,4 años de edad.

    Las medidas para intentar rehabilitar los entornos rurales nos parecen insuficientes y además creemos que pocos efectivas si no van acompañadas de otras políticas relacionadas con el empleo, la movilidad laboral, el acceso a los servicios públicos básicos como la educación, sanidad o transporte. Así mismo, aunque no sea totalmente objeto del plan es imprescindible continuar legislando, regulando y limitando el uso de viviendas temporales y turísticas que se han convertido en modelos usados por muchos propietarios para “burlar” tanto la Ley de Vivienda Estatal como la Ley de Arrendamientos Urbanos.

    Por último, como miembros del Consejo Asesor de la Vivienda creado en la Ley Estatal de Vivienda, creemos imprescindible que el seguimiento y evaluación del plan debe de realizarse en su ámbito. Asimismo, anunciamos que realizaremos aportaciones y alegaciones en el sentido enunciado durante el trámite de audiencia e información pública del Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

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