El pasado 22 de noviembre entró en vigor la nueva pasarela automática entre el subsidio por desempleo y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), marcando un paso relevante en la gestión de las prestaciones sociales.

Esta propuesta se justifica como un avance en la reducción de cargas administrativas para quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, permitiendo que miles de personas pasen del subsidio agotado al IMV sin necesidad de trámites adicionales.

Sin embargo, esta automatización, aunque positiva en términos de accesibilidad, abre también interrogantes sobre su alcance real, sus límites y el papel que debe jugar la Administración para garantizar que nadie quede fuera del sistema por fallos técnicos o falta de acompañamiento institucional.

¿En qué consiste la medida?

La nueva pasarela funciona como un procedimiento automático que enlaza el final del subsidio por desempleo con el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Su operativa se resume así:

Aviso previo del SEPE: En los tres meses anteriores a que se agote el subsidio, el SEPE contactará con la persona beneficiaria para informarle de que puede autorizar el envío de sus datos, y los de su unidad familiar, para tramitar el IMV.

Consentimiento y declaración responsable: Para activar el proceso, la persona deberá dar su consentimiento y, si corresponde, firmar una declaración en la que confirma que también cuenta con la autorización del resto de miembros de su hogar.

Envío de datos al INSS: Una vez dado el consentimiento, el SEPE remitirá al Instituto Nacional de la Seguridad Social toda la información necesaria dentro de los diez días posteriores al agotamiento del subsidio.

Reconocimiento del IMV sin interrupción de ingresos: Si se reconoce el derecho, el IMV tendrá como fecha de inicio la misma en que se agotó el subsidio, y su cobro comenzará el primer día del mes siguiente. De esta forma, no habrá periodos sin ingresos y la persona titular será siempre quien figuraba como beneficiaria del subsidio.

En el caso de que no presten su consentimiento, o no quieran que se gestione por esta vía por cualquier motivo, el Gobierno también ha habilitado el nuevo portal https://prestaciones.seg-social.es/ facilitando el acceso a las mismas.

También da la posibilidad de que sea por correo electrónico o en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).

¿A cuántas personas podría beneficiar en Canarias?

Es difícil precisar a ciencia cierta cuántas personas pueden verse beneficiadas por la medida, porque no tenemos acceso a información pública y fiable de cuánto tiempo le queda a cada persona que está percibiendo el subsidio, los derechos de prórroga que tendrían, etc.

Lo que sí sabemos es qué volumen máximo de personas podría beneficiar, que actualmente en Canarias es de 28.427 perceptores del subsidio por desempleo.

Estamos entre las Comunidades Autónomas con mayor peso proporcional de personas beneficiarias del subsidio de desempleo, con un 41,7%, cuando la media española es del 36,9%. Por tanto es una medida que tiene una especial incidencia en nuestra región.

¿Cuántas personas perciben actualmente el IMV en Canarias?

En Canarias hay un total de 129.276 personas beneficiarias, de las cuales 73.165 son hombres y 56.066 son mujeres, según los últimos datos aportados del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a cierre de la presente nota (octubre 2025). Del total de personas beneficiarias, 45.894 son menores de edad.

Hay que recordar que la última Encuesta de Condiciones de Vida (con datos de 2024) estima que la población en situación de riesgo de pobreza en Canarias es de 548.038, por lo que el porcentaje de cobertura del IMV a las personas en situación de riesgo de pobreza es del 23,6% con los últimos datos disponibles. O, dicho de otra manera, tan sólo 1 de cada 4 personas en situación de empobrecimiento están recibiendo ingresos del IMV.

Estas cifras dejan claro que, pese a los avances administrativos, el IMV sigue lejos de cubrir a la mayoría de personas que viven en situación de pobreza en Canarias. Que sólo 1 de cada 4 llegue a recibirlo es el resultado de varios factores estructurales: requisitos que muchas familias no pueden acreditar, brechas digitales y administrativas que dificultan el acceso, falta de acompañamiento por parte de la Administración y una gestión que, aunque empieza a automatizarse, aún arrastra demoras y procedimientos complejos. A esto se suma los factores psicológicos como el estigma social.

¿Qué otras novedades se han realizado últimamente?

La propia nota de prensa del Gobierno recuerda que no es una medida aislada. En los últimos meses se han incorporado varias mejoras destinadas a facilitar el acceso y la información sobre el Ingreso Mínimo Vital. La puesta en marcha del teléfono corto 020 ha abierto un canal gratuito y estatal que permite resolver dudas sobre requisitos, expedientes, trámites digitales y ayudas complementarias, y que ya concentra cerca de un tercio de todas las consultas sobre el IMV, según datos del propio Gobierno.

Este año también se introdujeron simplificaciones importantes en los requisitos, como la eliminación del periodo obligatorio de cinco años de convivencia para las parejas de hecho, sustituyéndolo por la simple acreditación de dos años desde su inscripción, o la supresión de la obligación de recabar la firma de todos los adultos de la unidad de convivencia, ahora reemplazada por una declaración responsable del solicitante.

Otras posibles mejoras:

Simplificación administrativa en el acceso al IMV o la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC):

La mejora en la coordinación entre el IMV y la RCC va de la mano de la creación de una ventanilla única autonómica-estatal, pues ambas persiguen el mismo objetivo y se complementan.

Si la información fluyera de manera automática entre la Seguridad Social y el Gobierno de Canarias, y existiera un punto de acceso común donde solicitar, consultar y recibir orientación sobre ambas prestaciones, se reducirían trámites duplicados, se acelerarían las resoluciones y se evitaría que familias vulnerables quedaran atrapadas entre administraciones.

Mejora del acompañamiento administrativo en el proceso.

Muchas personas en situación de pobreza evitan iniciar trámites por miedo al juicio social, por experiencias previas de trato discriminatorio o por una sensación de desconfianza hacia las instituciones.

Aprovechar la estructura territorial de la RCC, más cercana y con vínculos consolidados con los servicios sociales municipales, permitiría ofrecer un acompañamiento más humano, continuo y proactivo.

Este apoyo podría ayudar a superar barreras administrativas y digitales, así también a derribar miedos y estigmatizaciones, generando un entorno donde solicitar una prestación se perciba como un derecho y no como un fracaso personal.

Automatización de los procesos de verificación.

La aceleración de los plazos pasa por el uso más ágil de datos fiscales y sociales. Se trata de que se implementen mecanismos de verificación automática que permitan agilizar los procesos, especialmente aquellos derivados de situaciones de empobrecimiento sobrevenido.

Mejorar el reconocimiento para las estructuras familiares complejas.

Los altos precios de la vivienda obligan a muchas familias, y también a personas sin relación familiar directa, a compartir hogar para poder afrontar los costes.

A esto se suman dinámicas muy presentes en el archipiélago, como los retornos temporales de miembros que han tenido que emigrar por motivos de trabajo (especialmente en islas no capitalinas), o la convivencia intermitente de personas que alternan empleo estacional, cuidados o períodos en el extranjero.

Estos escenarios reales chocan con definiciones rígidas tanto del IMV como de la RCC, que no siempre se adaptan a hogares cambiantes y pueden dejar fuera a quienes más apoyo necesitan. Es necesario que estas prestaciones se adapten a estas realidades más cambiantes.

Mayor adaptación al empobrecimiento sobrevenido.

Una de las principales críticas que siempre se ha realizado desde CCOO, es que el IMV no está preparado para responder con rapidez a la pobreza sobrevenida, que es la que aparece de manera inesperada tras una pérdida de empleo, una ruptura familiar o una caída repentina de ingresos.

Al basarse en la renta del año anterior, el sistema mira hacia atrás cuando debería mirar hacia el presente, dejando sin apoyo inmediato a quienes más urgentemente lo necesitan.

Para CCOO, corregir este mecanismo es esencial para que la prestación sea verdaderamente justa y eficaz: debe poder adaptarse a los cambios rápidos en la vida de las personas, sin castigar ni abandonar a quienes caen de forma repentina en la vulnerabilidad.