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CCOO denuncia el comportamiento irresponsable que ha impedido la convalidaci贸n del escudo social en el Congreso
El Gobierno y los partidos se deben comprometer a buscar soluciones de forma inmediata para que ninguna familia sea expulsada de su hogar sin alternativa habitacional.
El Pleno del Congreso ha debatido este jueves la convalidación de cuatro Reales Decretos-ley relativos a ayudas e indemnizaciones a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Córdoba y Barcelona; medidas urgentes frente a situaciones de vulnerabilidad social, como la moratoria anti desahucios, la prórroga del bono eléctrico o medidas de financiación local y autonómica; la revalorización de las pensiones públicas; y la introducción de una limitación temporal de precios en situaciones de emergencia que alteren de forma excepcional la oferta y la demanda.
Han resultado derogados el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, en materia tributaria y relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial; y también el Real Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia.
Rechazo a la prórroga de la moratoria anti-desahucios
El RDL 2/2026, el “Escudo Social” ha sido rechazado por los 177 votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts. En el mismo se incluía la prórroga de la moratoria de desahucios para familias vulnerables, la extensión de los descuentos del bono social eléctrico y la garantía de suministros básicos (agua, luz y gas), además de medidas fiscales y de financiación territorial.
La moratoria incorporaba una novedad relevante: no se aplicaría cuando el arrendador fuera propietario de dos o menos viviendas (incluida la habitual), excluyendo así a los pequeños propietarios. Esta modificación, acordada con el PNV, pretendía facilitar su aprobación parlamentaria, que finalmente ha sido rechazada por los grupos mencionados anteriormente.
Entre los argumentos esgrimidos, se ha insistido en el falso supuesto de incremento exponencial de la ocupación de vivienda habitual. No obstante, los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran una realidad distinta: los delitos por usurpación o allanamiento de morada han pasado de 17.500 en 2017 a 16.000 en 2024, de los cuales 1.600 corresponden a viviendas habituales. Asimismo, las condenas se han reducido de 6.700 a 3.300 en ese mismo periodo. No se observa, por tanto, el incremento señalado, especialmente si se compara con el total del parque de viviendas en España (26,8 millones, de las cuales 19,3 millones son habituales).
La no aprobación del RDL 2/2026 permitirá reactivar hasta 70.000 desahucios que habrían permanecido suspendidos entre abril de 2020 y diciembre de 2025. A ello se suman los aproximadamente 27.500 lanzamientos que se producen cada año.
Estos datos evidencian, además, que las administraciones públicas no estaban cumpliendo adecuadamente con su obligación de realojar a familias en situación de vulnerabilidad: solo se estaba haciendo en el 5 % de los casos. Tampoco se ha aplicado con eficacia el mecanismo de compensación a propietarios por rentas no percibidas: de 6.400 solicitudes presentadas (en su mayoría pequeños propietarios), solo 2.850 han sido reconocidas, con miles de expedientes aún en tramitación.
Esta situación refleja una clara dejadez, especialmente por parte de las comunidades autónomas, responsables de la gestión y ejecución de estas medidas.
En esta ocasión, el Gobierno central ha anunciado una dotación de hasta 300 millones de euros, frente a los 23 millones previos, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que no obstante aún pendiente de aprobación. Con la no convalidación del RD-Ley también desaparece la posibilidad de los propietarios de pedir la compensación.
Se trata de una pésima noticia que va a afectar a miles de personas a las que no se les está dando alternativa. La irresponsabilidad que supone no alcanzar un acuerdo en esta materia es enorme.
Fin del bono social eléctrico y riesgo de pobreza energética
Tampoco se ha prorrogado el bono social eléctrico, con descuentos del 42,5 % para consumidores vulnerables y del 57,5 % para vulnerables severos, ni la prohibición del corte de suministros básicos a estos hogares.
Aunque desde CCOO venimos denunciando su escasa eficacia —solo en torno al 25 % de los hogares que potencialmente podrían acceder a esta ayuda se están beneficiando de ella—, su no aprobación supondrá un duro golpe para los hogares más vulnerables que si podían acceder a él, que no podrán asumir los costes energéticos de sus viviendas, con graves consecuencias para sus familias, como la imposibilidad de mantener temperaturas saludables en sus hogares.
Medidas en materia de financiación local y autonómica
El Real Decreto-ley 2/2026 incluía también medidas sobre financiación local y autonómica con el objeto de garantizar la estabilidad financiera de los ayuntamientos y las CCAA en un contexto de prórroga presupuestaria. Al no actualizarse, se generarán tensiones contables relevantes sobre la tesorería de las administraciones locales y autonómicas, dificultando la garantía de servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, dependencia o servicios sociales) y el pago a proveedores, con consecuencias para la ciudadanía y las empresas.
Paralización de incentivos fiscales “verdes” y otros
Quedan también sin efecto los incentivos fiscales en el IRPF para la rehabilitación energética de viviendas, la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga, así como los incentivos en el Impuesto de Sociedades dirigidos a empresas. Se trata de medidas orientadas a la transición ecológica que ahora quedan en suspenso.
Además de las medidas destinadas a evitar despidos en empresas que reciben ayudas públicas. También se contemplaban exenciones fiscales para las ayudas concedidas con motivo de la DANA y los incendios del pasado verano. Su no aprobación no solo frena el impulso a la rehabilitación energética y a la movilidad sostenible, sino que debilita instrumentos fiscales que buscaban proteger a hogares, trabajadores y empresas en contextos de especial dificultad económica y climática.
Por último, el Real Decreto-ley 4/2026 también ha sido rechazado por los votos del Partido Popular, Vox y Junts. El objeto del RD Ley era garantizar la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia. Es decir, evitar incrementos especulativos derivados de alteraciones excepcionales de oferta y demanda, protegiendo a los consumidores y en especial aquellos en situaciones de vulnerabilidad, como ha ocurrido con los transportes públicos después de los accidentes ferroviarios, la imposibilidad de usar el tren ha supuesto incrementos exponenciales de los vuelos u otros medios de transportes.
Al no haber sido convalidado, continuará permitiendo que los precios de servicios o bienes puedan incrementarse sin límite alguno, en situaciones coyunturales de emergencias o catástrofes, perjudicando con ello a la mayoría de la ciudadanía.
Sí se ha aprobado el Real Decreto-ley 1/2026, por unanimidad, al tratarse de la determinación de las cuantías de ayudas e indemnizaciones a las víctimas (personas fallecidas y heridas) en los accidentes ferroviarios del pasado mes de enero en Andalucía y Catalunya, así como los procedimientos y plazos para solicitarlas.
El RD-ley 3 que recoge la revalorización de las pensiones y del IMV, ha sido aprobado por la totalidad de grupos parlamentarios, con la excepción de Vox, que ha votado en contra. Desde CCOO nos felicitamos de las medidas convalidadas en materia de Seguridad Social, con la novedad incorporada del tipo de cotización adicional para la financiación del coeficiente reductor en la edad de jubilación de bomberos y agentes forestales y medioambientales, que se ha establecido en las mismas cuantías que ya se vienen aplicando para este tipo de coeficientes: 10,6% (8,84 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,76 por ciento a cargo la persona trabajadora).
En conclusión, una jornada parlamentaria de sabor más que agridulce, dónde se han despejado las dudas en materia de Seguridad Social y ayudas a las víctimas del accidente ferroviario, pero se abandona a su suerte a miles de personas vulnerables y a millones de consumidores en situación de mayor fragilidad ante situaciones de emergencia de precios.
