Comisiones Obreras Canarias | 19 julio 2026.

Mejoras extraordinarias en la financiación para el fortalecimiento y consolidación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

    30/06/2026.
    Mejoras extraordinarias en Atención a la Dependencia

    Mejoras extraordinarias en Atención a la Dependencia

    El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 17/2026, con la finalidad de mejorar la dotación de recursos económicos para la financiación pública del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

    Se trata de una actualización de las cuantías que reciben las comunidades autónomas por cada persona beneficiaria según su grado de dependencia e incorporando, además, una nueva categoría para los casos de dependencia extrema.

    La medida es especialmente relevante porque responde a una reivindicación histórica de reforzar la financiación estatal de la dependencia y puede contribuir a reducir listas de espera, ampliar servicios y mejorar la cobertura de atención.

    Y es sumamente importante máxime en un contexto marcado por el envejecimiento progresivo de la población y el incremento de las necesidades de cuidados de larga duración, que dejan obsoleto el anterior modelo.

    Para ello se incrementan las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por el Estado y se concede un suplemento de crédito superior a 2.200 millones de euros. Como resultado, la aportación estatal al sistema alcanzará los 5.513 millones de euros en 2026, con la finalidad de asegurar una implantación homogénea de los nuevos derechos y servicios en todo el territorio y seguir reduciendo las listas de espera.

    ¿Qué implicaciones principales tiene esta medida?

    Incremento histórico de la financiación estatal de la Dependencia.

    La medida central del Real Decreto es el aumento de la aportación económica de la Administración General del Estado al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

    Para ello se actualiza el denominado nivel mínimo de protección garantizado, es decir, la cantidad que el Estado aporta por cada persona dependiente atendida en función de su grado de dependencia.

    Además, se mantiene la nueva categoría de Grado III+ o dependencia extrema, con una financiación estatal de 4.930 euros mensuales por persona beneficiaria.

    Inyección de más de 2.200 millones de euros al sistema.

    El Real Decreto incorpora una importante ampliación presupuestaria para financiar estas mejoras.

    Se conceden créditos adicionales por un total de:

    2.097,7 millones de euros para financiar el nivel mínimo garantizado.

    121 millones de euros para el denominado nivel convenido o acordado con las CCAA. Se trata de una partida adicional que se acuerda bilateralmente con las CCAA para objetivos específicos.

    En conjunto, la financiación adicional supera los 2.218 millones de euros. Se trata de una de las mayores aportaciones estatales realizadas al sistema de dependencia desde su creación.

    Refuerzo por Ley de la corresponsabilidad financiera del Estado.

    Supone un refuerzo de la seguridad jurídica y de la estabilidad del Sistema de Atención a la Dependencia. Al quedar recogidas expresamente en una norma con rango legal, estas cuantías dejan de depender de decisiones discrecionales o acuerdos coyunturales de cada Gobierno y sólo podrán ser modificadas mediante una nueva reforma legislativa aprobada por el Gobierno o el Parlamento.

    Esto dificulta eventuales recortes, dota de mayor certidumbre a las CCAA y consolida un suelo mínimo de financiación que no podrá convertirse en moneda de cambio de negociaciones presupuestarias o políticas.

    Además, la reforma supone un cambio relevante en el reparto de la financiación del SAAD, pues durante años se ha denunciado, también desde CCOO, que el Estado había reducido progresivamente su aportación, trasladando una parte creciente del coste a las administraciones autonómicas y a las propias familias.

    Con este incremento presupuestario, el Gobierno central pretende recuperar peso en la financiación del sistema y reforzar el principio de corresponsabilidad recogido en la Ley de Dependencia.

    Conclusiones:

    La no condicionalidad de las ayudas supone una pérdida de oportunidad para garantizar que se cumplan requisitos que, a nuestro entender, son básicos, que son:

    Atención de la lista de espera exclusivamente con servicios profesionales y no con prestaciones económicas.

    Cumplimiento efectivo de las ratios de plantilla establecidas en el acuerdo de acreditación de centros y servicios de 2022, que, aún siendo insuficientes como ya declaramos UGT y CCOO en su momento, no se cumplen en todos los casos ni en la garantía del tiempo de atención efectiva a las personas beneficiarias, ni en la carga de trabajo real que deben asumir las personas trabajadoras que los prestan.

    Elevación progresiva de las ratios de plantilla establecidas en el acuerdo de acreditación de centros y servicios de 2022 hasta igualarlas con las de mayor garantía que actualmente operan en los servicios de gestión pública directa. Garantía de equipos multidisciplinares.

    Garantía de que las empresas y las administraciones públicas cumplen escrupulosamente las condiciones laborales y salariales establecidas en los convenios colectivos que operan en el sector. Hemos de recordar en este sentido que tanto las empresas como las administraciones que operan en este sector deben contar con la correspondiente autorización y acreditación de las administraciones autonómicas y la misma debe revocarse en caso de incumplimiento reiterado de la legislación laboral para evitar así la proliferación de empresas low-cost que no garanticen la calidad de la atención.

    Reconocimiento salarial y profesional de la cualificación profesional que presentan las trabajadoras de este sector de actividad, que llevan demasiado tiempo sujetas a un prolongado periodo de acreditación profesional.

    Establecer de un porcentaje mínimo de jornada para las personas trabajadoras que prestan servicio con contratos a tiempo parcial. Con carácter general y singularmente en los servicios de ayuda a domicilio y centros de día, apostamos por empleos a jornada completa, reduciendo al máximo el tiempo parcial.

    Vinculación de la mejora de los precios de concierto para las empresas que operan en este sector al cumplimiento efectivo de la legislación laboral y los convenios y acuerdos colectivos que regulan la calidad del empleo y, por tanto, son garantía de la calidad de la atención que reciben las personas dependientes.

    Establecimiento de una habilitación normativa para garantizar que las reglas de indexación de los contratos públicos que operan en el SAAD permiten la adaptación inmediata de los precios de concierto a la evolución de la inflación y la mejora de las condiciones laborales que deben derivarse de este incremento de financiación, en los convenios y acuerdos colectivos que regulan el sector.

    Estos requisitos deberán ser exigidos a través del diálogo social en nuestra región.

    Además, este incremento de la financiación estatal no debe suponer una disminución de la financiación autonómica en ningún caso.

    Los objetivos deben ser:

    Avanzar en un reequilibrio de la provisión pública directa de estos servicios de atención a las personas dependientes.

    Condicionar cualquier incremento del precio de concierto a la mejora de ratios de plantilla y a las condiciones económicas y laborales de las trabajadoras.

    Documentación asociada

    Resumen del Real Decreto Ley 17/2026, de 23 de junio con objeto de mejorar el sistema de dependencia en Canarias

    Documentación asociada

    Resumen del Real Decreto Ley 17/2026, de 23 de junio con objeto de mejorar el sistema de dependencia en Canarias