Canarias atraviesa un momento de crecimiento económico sostenido de su producto interior bruto, presentando tasas de variación superiores a la media nacional y cifras récord en la actividad turística y en el empleo en general. Sin embargo, este auge no se traduce en mejoras en la misma proporción para el conjunto de la población. Al contrario, persiste un modelo que se apoya en la precariedad laboral, con bajos salarios y en prácticas de economía sumergida que erosionan los derechos laborales y el sostenimiento del Estado del Bienestar.

El propósito de este informe es aportar apuntes que nos ayuden a aproximarnos a comprender el fenómeno de la economía sumergida en Canarias.

Abordamos un fenómeno difícil de cuantificar precisamente porque se construye sobre la opacidad: lo que no se declara, no se mide. Esta dificultad metodológica, frecuentemente utilizada como excusa para minimizar su impacto, no impide que existan numerosos indicios y evidencias sobre la magnitud del problema, que será la información con la que trabajaremos.

Este fenómeno tiene múltiples formas. Puede expresarse en trabajo no declarado, como ocurre cuando se contrata a una persona sin darle de alta en la Seguridad Social. También puede darse en forma de ingresos empresariales no declarados, como ventas en "B", pagos en efectivo no registrados o uso fraudulento de sociedades pantalla.

Un caso especialmente grave es el de los falsos autónomos/as, trabajadores y trabajadoras que operan bajo una apariencia de actividad independiente cuando en realidad se subordinan a una empresa, sin los derechos que corresponderían a una relación laboral. Este fenómeno está siendo especialmente acusado en la actualidad, con la aparición de empresas de reparto a domicilio que operan bajo el paraguas de entornos digitales en calidad de "intermediarias".

La economía sumergida tiene efectos devastadores. A nivel macroeconómico, reduce los ingresos públicos, deteriorando la capacidad del Estado para sostener servicios esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia.

A nivel laboral, erosiona los derechos y aumenta los riesgos de quienes trabajan en la informalidad: sin cotización, sin protección frente al despido, sin protección ante accidentes laborales ni por enfermedad, ni derecho a una jubilación digna. Además, distorsiona la competencia entre empresas, ya que quienes cumplen la legalidad se ven en desventaja frente a quienes ahorran costes incumpliéndola.

En territorios como Canarias, la presencia de sectores que recurren a este fenómeno (servicios en general), el alto peso del empleo precario, la dificultad de tener un sistema de inspección eficiente, entre otras cuestiones, generan las condiciones para que prospere la economía sumergida.

Diferentes investigaciones académicas y estudios elaborados por organismos públicos y privados han tratado de estimar su magnitud utilizando diversas metodologías. Esto implica que cada estudio analiza el fraude en ámbitos específicos de la actividad económica.

A nivel estatal existen, por ejemplo, estimaciones basadas en indicadores de fraude fiscal centrados en el IRPF, elaborados y publicados por Hacienda Pública Española, que analizan en función de la alteración de los resultados de las liquidaciones.

La conclusión es que el 28,2% de lo que se tendría que recaudar, se deja de recaudar por diferentes estrategias de evasión. Otra aproximación que también nos resultó interesante, se construyó a partir de la recaudación del IVA, comparándolo con los resultados ofrecidos por las encuestas de consumo y gasto de los hogares, publicado por el Centro de Investigación de Política Económica en la UE.

Una de las principales conclusiones fue que hay un 24% de economía sumergida con base en ese enfoque. Por último, un estudio realizado desde el Parlamento Europeo en la Subcomisión de Asuntos Económicos y Monetarios en materia tributaria, afirma que en materia de recaudación el fraude fiscal en España asciende al 15,8% del PIB. 

En el caso de Canarias, tanto las estimaciones más recientes como las más históricas nos sitúan entre las comunidades autónomas con mayor índice de economía sumergida del país. En un estudio muy detallado sobre la materia publicado por la Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias en colaboración con la Universidad de La Laguna, se realiza una recopilación bibliográfica de los estudios llevados a cabo sobre la materia en el archipiélago.

De esta revisión podemos extraer algunas conclusiones sobre los datos (más adelante también haremos mención a cuestiones de carácter cualitativo):

- Todos los estudios que tienen datos comparativos con el resto de regiones sitúan a Canarias entre las peores Comunidades Autónomas en esta materia.

- La mayor parte de los estudios que exponen alguna cifra, suele encontrarse en el rango de entre el 22% y el 30%.

-Los datos que maneja el Gobierno de Canarias hablan en torno a un 28% del PIB de Canarias. Los datos que aquí se exponen son aproximaciones realizadas por distintos agentes con base a diferentes criterios.

El estándar de lo justo: empleo decente

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el empleo decente como aquel que ofrece la “oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para todos, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”.

La primera vez que se mencionó el concepto dentro de la OIT en 1999, se articuló en torno a 4 elementos, que fueron actualizados durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre 2015: creación de empleo, protección social, derechos en el trabajo y diálogo social.

El concepto de empleo decente es, por tanto, la referencia mínima para evaluar la calidad del mercado laboral. Y es también el espejo frente al cual se evidencian las prácticas irregulares detectadas por la Inspección de Trabajo: trabajo no declarado, contratación fraudulenta, uso indebido de la parcialidad o de la temporalidad, y otras formas de precarización.

La realidad detectada por la Inspección de Trabajo en Canarias

Desde la entrada en vigor de la última reforma laboral, los datos oficiales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social muestran que el fraude laboral sigue siendo un problema de gran alcance en Canarias. Al cierre del presente informe, tan sólo contamos con dos años de referencia tras la aprobación de la reforma laboral, es decir, el propio 2022 y el 2023.

Personas afloradas o empleo no declarado: La Inspección identificó a 6.740 personas trabajando sin alta en la Seguridad Social. Esto supone que miles de trabajadoras y trabajadores estaban fuera de toda cobertura legal y de protección social.

Contratación irregular: Nos referimos a personas que, aún estando dadas de alta, mantenían un vínculo laboral legal incorrecto.

En el mismo periodo, se detectaron 15.428 casos de contratos temporales que debieron ser indefinidos y 4.471 contratos fijos discontinuos que debieron ser indefinidos ordinarios. Además, se transformaron en contratos a jornada completa un total de 5.832 contratos.

Intervención en prevención de riesgos laborales. Se realizaron 22.640 requerimientos, de los cuales se materializaron en sanciones en estos dos años 3.261 casos, por valor de más de 13 millones de euros.

Se investigaron un total de 889 accidentes de trabajo, de los cuales 31 fueron mortales, y 11 fueron con carácter muy grave. Las sanciones por estos accidentes investigados, y los de menor gravedad, ascienden a un total de 3.762.937 €.

Liquidaciones a la Seguridad Social. En concepto de cuotas no liquidadas a la Seguridad Social, las infracciones impuestas ascendieron a la cifra total en los dos años citados de 98.080.604,29 €.

A pesar de que la reforma laboral ha reducido el uso abusivo de la temporalidad a nivel general, los datos muestran que la economía sumergida y el fraude en la contratación siguen presentes, especialmente en sectores de alta rotación como la hostelería, la construcción y determinados servicios.

Control del trabajo no declarado. En referencia a las infracciones vinculadas por las faltas de alta en Seguridad Social, se cometieron un total de 6.730 altas en los dos años citados. Por último, se realizaron 630 infracciones en materia de trabajo con personas extranjeras sin permiso.

El contraste entre el estándar de empleo decente promovido por la OIT y la realidad detectada por la Inspección es claro: miles de personas en Canarias siguen trabajando en condiciones que no sólo vulneran sus derechos, sino que alimentan el circuito de la economía sumergida y privan a la sociedad de recursos públicos esenciales. Además, suponen un riesgo para la salud pública, hecho que se materializa con la siniestralidad laboral previamente comentada.

A los datos aportados por la Inspección de la Seguridad Social, también es posible encontrar información adicional, como la de las horas extraordinarias no remuneradas. Sobre esto ya nos hemos eco en un informe anterior, cuyas conclusiones exponían que en Canarias se realizaban, de media semanal, 32.360 horas extraordinarias no remuneradas, que afecta a más de 7.500 personas y supone un ahorro a las empresas de más de 33,9 millones de euros anuales