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De las palabras a los hechos

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2020 del Instituto Nacional de Estadística evidencia la grave situación de los derechos sociales en las islas como ha denunciado CCOO Canarias

    27/07/2021.
    Políticas Sociales

    Políticas Sociales

    En la ECV 2020 queda evidenciado el gran impacto que ha tenido la pandemia a la hora de acentuar los problemas de empobrecimiento que ya padecíamos. Eso genera situaciones de inseguridad social que aumentan el riesgo de exclusión social en nuestro archipiélago.

    La combinación de los indicadores sobre carencia material y tasa de riesgo de pobreza, junto con el de intensidad en el empleo en los hogares, constituyen el indicador de Tasa de Riesgo de Pobreza o Exclusión Social, AROPE (At Risk Of Poverty and/orExclusion, por sus siglas en inglés), que sirve para comparar situaciones de empobrecimiento a nivel europeo, denota que en Canarias el 36,3% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, siendo la segunda comunidad autónoma, sólo superada por Extremadura, en peor situación al respecto (la media nacional es del 26,4%).

    Se destaca:

    - Canarias es la Comunidad Autónoma con mayor número de hogares en situación de carencia material severa (no disposición de al menos 4 de los 9 ítems necesarios para el desarrollo normal de una vida razonablemente adecuada), pues el 12,8% de los hogares se encuentra en esta situación (media española 6,5%).

    - Un total de 3 de cada 10 personas que viven en Canarias se encuentran bajo el umbral de la pobreza (ingresos por debajo del 60% de la mediana de ingresos anuales totales de la población), siendo la media española de 2 de cada 10.

    - El 15,3% de los hogares de Canarias tiene baja intensidad en el empleo (sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del potencial de su trabajo anual), lejos de la media española del 9,9%.

    Esto significa que estamos en un contexto similar al que nos encontrábamos en la anterior crisis de 2008. O dicho de otra manera, tras 12 años de la anterior crisis, la situación de riesgo de empobrecimiento y exclusión social no ha conseguido estar por debajo de la línea fijada en 2008.

    Ante esta situación, desde CCOO Canarias reiteramos la exigencia de que se dé una respuesta pública y profesional digna, que debe pasar entre otras por las siguientes medidas:

    - Dar prioridad a las materias que afectan a los derechos sociales en la actuación del Gobierno de Canarias, dando una respuesta pública y profesional digna, que solvente los déficits de personal e infraestructuras de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.

    - Dotar de mayores y suficientes recursos a los servicios sociales municipales, base del sistema de protección social, actualmente saturados y colapsados, lo que lastra la tramitación y cobro de ayudas de emergencia social, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que sólo beneficia de momento al 30,5% de los hogares potenciales, un años después de su aprobación, como como consecuencia del alto grado de exigencia en la justificación administrativa para conseguirlo.

    - Acelerar la tramitación del Anteproyecto de Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias (ALRCC). Desde CCOO Canarias incidimos, especialmente, en que esta propuesta legislativa debe servir para complementar el IMV hasta llegar, al menos, a la cuantía actual del IPREM.

    - Asegurar que el complemento de vivienda propuesto en el ALRCC tenga en cuenta las carencias en la vivienda de la población de Canarias.

    - Medidas efectivas que combatan la “pobreza energética”, como desarrollar mecanismos para evitar el corte de suministros en los hogares más vulnerables o ampliar el bono social.

    - Urge avanzar el derecho a una vivienda digna y asequible a través del desarrollo de un parque público de alquiler y la regulación del mercado del alquiler limitando los precios máximos en las zonas tensionadas.

    - Aumentar sin mayor dilación el importe del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), así como generalizar las cláusulas de salvaguardia salarial para proteger el poder adquisitivo.

    - Asegurar y mejorar la capacidad de ingresos de la población jubilada, para lo que se hace necesario la aprobación legislativa de los acuerdos fruto del Diálogo Social.

    - Agilizar los trámites para el abono del complemento de las personas en ERTE.

     

    Todas estas medidas deben enmarcarse en el objetivo más amplio de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social, y han de contar con una financiación suficiente y estable, y con la actuación coordinada de los diferentes niveles de gobierno y de las administraciones públicas.