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De las palabras a los hechos

Comisiones Obreras insiste en que el gobierno canario debe acelerar el proceso de acreditación de competencias profesionales

    08/11/2022.
    Imagen: pixabay

    Imagen: pixabay

    El pasado mes de mayo, por enésima vez, Comisiones Obreras mediante pregunta de iniciativa ciudadana presentada en el Parlamento de Canarias evidenciaba nuevamente la urgencia de que la gestión de la evaluación, reconocimiento y acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante experiencia laboral o vías no formales e informales de formación fuese realizada, tal como indica la nueva Ley de FP, por profesorado de Formación Profesional para cubrir con mayor celeridad las necesidades de más de la mitad de la población activa canaria. 


    En aquella ocasión la administración educativa eludió su responsabilidad excusándose en que no era posible trasvasar a capítulo I parte de la inversión recibida desde el estado gracias a la aplicación del Plan de Modernización de la Formación Profesional, proveniente de fondos europeos, Next Generation EU. Por ello, CCOO ha presentado por registro en el Parlamento de Canarias una nueva pregunta de iniciativa ciudadana ante la tramitación del proyecto de ley de presupuestos para Canarias en 2023, con objeto de que se permita que el profesorado de formación profesional pueda dedicar parte de su horario a estas funciones de acreditación de competencias profesionales acelerando significativamente el proceso, multiplicando el número de acreditaciones para los próximos años. 

    El año pasado el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) aprobó el Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral (BOE. Núm. 59, miércoles 10 de marzo de 2021), que establece la apertura de un procedimiento de carácter permanente para la evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, o de vías no formales de formación, que afecta a todos los sectores productivos, dando respuesta así a un derecho básico de los trabajadores y las trabajadoras. Más recientemente ha entrado en vigor la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional (BOE. núm. 78, viernes 1 de abril de 2022), que mantiene la apuesta porque la acreditación de competencias profesionales sea un procedimiento administrativo abierto de forma permanente respecto a cualquier estándar de competencia profesional incluido en el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales. 

    Precisamente esta es una actuación financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y la Unión Europea-Next Generation EU- dentro del componente 20 “Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional”, del Plan de Modernización de la Formación profesional, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

    Dicha actuación cuenta con un presupuesto inicial de casi 852,5 millones de euros, el Ministerio de Educación y FP acreditará las competencias de más de tres millones de personas en cuatro años. Con el procedimiento vigente hasta ahora, solo se habían acreditado las competencias de 300.000 trabajadores en 10 años en toda España, en Canarias solo se ha podido acreditar en dicho periodo a 11.000 personas

    Valorando los datos expuestos en dicho Plan, se deduce lo siguiente: 

    Enlace a tabla

    Fuente: 1. Plan de modernización de la Formación Profesional. 2. Datos del Instituto Nacional de Estadística de la “Encuesta de Población Activa (EPA)” del cuarto trimestre de 2021. 

    Si se aplica la misma proporción a Canarias que la del Plan del gobierno de España, en cuatro años no correspondería acreditar en las islas a solo 55.000 personas, como sostiene la responsable de empleo del Gobierno de Canarias, deberían acreditarse unas 184.647, lo que supondría un gasto proporcional de 46.960.152 euros. Con los 53 millones de euros adjudicados por el Ministerio de Educación a Canarias existiría un excedente de unos 6 millones de euros. 

    Recientemente, en entrevista realizada a Clara Sanz, secretaria general de Formación Profesional, desgranando lo que supone la nueva Ley de Formación Profesional hablaba particularmente sobre las acreditaciones de las competencias profesionales, y decía literalmente: “Tenemos 11 millones de personas que, siendo trabajadoras, no tienen acreditadas las competencias. Eso no se lo puede permitir ningún país, porque a cualquiera de esos 11 millones de personas cuando le despiden no puede ir a buscar trabajo diciendo que es muy buen carpintero, necesita algo que lo avale. Ahora –porque ya está en marcha– es un procedimiento abierto para todos: cualquier persona puede dirigirse a un centro de FP y el profesorado va a actuar como asesor o como evaluador. Pero no le va a hacer un examen. Si alguien lleva un certificado de su empresa y en su hoja de vida laboral se ve lo que ha hecho... hay cosas que son inmediatas. Si yo cojo una llave inglesa, un especialista va a saber enseguida que no sé cambiar una rueda. Y, cuando no pudiera traer ningún tipo de prueba para demostrar lo que sabe se le puede pedir en el propio centro que haga algo, siempre de manera práctica: cámbiame la rueda. La Administración emite un documento donde esa persona acredita aquellas competencias profesionales que tiene y eso le va a valer para moverse en el mercado laboral. También se le va a decir qué formación complementaria tiene a su disposición si quiere continuar formándose.” 

    Por ello, desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Canarias se viene planteando que si de los más de tres mil docentes titulados que hay en los alrededor de 150 centros públicos canarios que imparten formación profesional repartidos por toda la geografía de las islas, se dedicaran organizadamente mil docentes con cuatro horas lectivas y dos complementarias de su horario a procedimientos de evaluación, reconocimiento y acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales e informales de formación, llegaríamos perfectamente en cuatro años a acreditar y elaborar un itinerario formativo personal a más de las 184.647 personas

    Ello requeriría incrementar la plantilla de profesorado de formación profesional en unos 250 docentes, con un coste aproximado de cuarenta mil euros por año y docente, lo que supone un presupuesto de 10 millones de euros por año. Se necesitarían por tanto 40 millones de euros en los 4 años en el capítulo de personal. Restarían 13 millones de euros, de los 53 adjudicados por el MEFP, para otros capítulos del Plan. 

    Esta situación se le ha trasladado a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, pero eluden su responsabilidad en este asunto y sostienen que no han recibido dinero alguno para el desarrollo de este Plan, que es imposible que ese dinero se invierta en capítulo I, de personal, para poder contratar más profesorado que ayude a cumplir con los objetivos del mismo, y que no es posible implementar la propuesta planteada por CCOO para cumplir con esos objetivos que estipula el Estado en materia de evaluación, reconocimiento y acreditación de competencias profesionales de la población activa. 

    No obstante, en la actualidad existen proyectos en que el profesorado de formación profesional tiene asignaciones horarias en su jornada laboral, como son las horas para funciones de gestión o coordinación en las áreas de emprendimiento, gestión de la calidad o innovación, que están contempladas en su horario lectivo y se realizan como consecuencia de asignaciones presupuestarias establecidas en Programas de Cooperación Territorial, que se incluyen dentro del capítulo I, de personal. 

    Por ello insistimos en preguntar: ¿Cuál es el motivo por el que no se contempla por parte de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes este tipo de asignación horaria para contar con personal docente de formación profesional con horario en los centros públicos para realizar la evaluación, acreditación y certificación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales e informales de formación, por trabajadoras y trabajadores canarios, tal como plantea el Ministerio de Educación y Formación Profesional y establece la Ley de ordenación e integración de la formación profesional que dice que deben hacerse de manera continua en cualquier centro que imparta formación profesional?. Esperamos que no haya más evasivas y se dé soluciones a la población activa de Canarias que necesita de esta certificación para poder seguir progresando en su itinerario formativo y laboral.