Comisiones Obreras Canarias | 24 mayo 2025.

CCOO alerta sobre la posible externalización del control del suelo para la construcción de viviendas

    24/04/2025.
    FSC CCOO CANARIAS

    FSC CCOO CANARIAS

    La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias denunció este miércoles que el Decreto Ley para la agilización de la tramitación de las licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, aprobado por el Gobierno de Canarias, esconde bajo su benévolo título, una propuesta de desviación de los controles públicos sobre el suelo, que tiene transferida la Administración Pública para el control de un bien tan escaso en nuestra comunidad autónoma, con un territorio tan limitado y fragmentado.

    Es por eso que FSC-CCOO quiere hacerse eco de la denuncia de los empleados públicos, técnicos de las administraciones locales, que son los que tienen transferidas las facultades de la emisión de licencias urbanísticas, a través de los ayuntamientos de nuestra región. El asunto, pese a que se intente vender con el espíritu de la agilización del trámite de las licencias de obra, lo que esconde es una externalización de la actividad de control que la Administración Pública tiene sobre el territorio y en especial a través de los municipios, al sustituir a los informes técnicos elaborados por funcionarios, con los controles y garantías que eso supone, a la apertura de la redacción de esos informes mediante empresas privadas o colegios profesionales, pura poesía para la especulación y la desvertebración del control público sobre la planificación urbanística, un problema mayúsculo que nos afecta a toda la población.

    En un Decreto ley, que esquiva no solo el trámite parlamentario ordinario, también evita toda referencia en la reforma de la Ley del Suelo, que está iniciando su trámite legislativo. Es sin género de dudas una estrategia que limita, los controles que el estado de derecho nos otorga a los ciudadanos, organizaciones sindicales o de cualquier otra índole que tenga interés en la materia, y la pregunta es quién no iba a tener interés en un asunto que afecta a miles de ciudadanos de Canarias y que movilizó el 5 de abril a miles de personas en nuestra comunidad autónoma en una manifestación estatal por el derecho a una vivienda digna y que salió a la calle con el lema “Acabemos con el negocio de lavivienda” o las próximas que se avecinan contra los modelos turísticos, gentrificación y masificación urbanística.

    Esta actividad que se pretende delegar sobre el control privado, parece obedecer más a intereses de la patronal de la construcción que a un Gobierno que una vez más hace oídos sordos a los problemas reales de la ciudadanía por un lado, por la falta de acceso a la vivienda y por otro lado a los empleados públicos, que a pesar que el propio decreto reconoce que el principal problema es la escasa dotación de personal, de medios técnicos y humanos, sale por la tangente y busca un modelo que sigue favoreciendo la depredación del territorio y de externalizar servicios que deben ser 100% públicos,adelgazando la administración pública, vaciando de funciones a los empleados públicos de la administración local y autonómica y abriendo el pastel, jugoso, para los intereses del capital privado.

    Es por todo esto que esta organización sindical, exige una rectificación urgente con el Gobierno de Canarias, para revertir un Decreto ley que podría, no solo ir contra los intereses del pueblo, también contra normas básicas del Estado, abriendo así la puerta a demandar esta actividad por todos los mecanismos que el estado democrático de derecho nos otorga.El control del suelo no puede quedar al albur de que los ayuntamientos permitan emitir a empresas privadas, licencias urbanísticas que pueden soslayar el control que el Estado debe garantizar. Con ello, no facilitar la especulación sobre el terreno y tampoco abrir la puerta de, par en par, para que se privaticen servicios públicos esenciales que nos garantizan a todos, el correcto control del suelo de Canarias.

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