“Hay que incrementar las medidas de protección a las mujeres más vulnerables”
Según últimos datos de paro registrado, correspondientes al pasado mes de febrero, las trabajadoras en paro ascendían a 1.896.072, y suponían el 59% del total de personas desempleadas. Medio millón de mujeres más que de hombres registrados en el desempleo (exactamente 546.097), aumentando en 8.204 mujeres más respecto a enero. En cambio, la protección frente al desempleo registra una elevada brecha de género: la tasa de cobertura de los hombres (72,7%) está 11 puntos por encima de la de las mujeres (61,3%).
Se ha aprobado en el Consejo de Ministros un subsidio de desempleo por fin de contrato temporal, prestación específica correspondiente al 80% del IPREM, unos 440 euros mensuales, dirigida a personas trabajadoras temporales con un contrato de, al menos, dos meses de duración, a quienes por efecto de esta situación de emergencia se les haya extinguido el contrato y no cuenten con el tiempo mínimo cotizado para acceder a otras prestaciones o subsidios. Pero esta prestación no alcanza a todas las personas desempleadas, aunque se ha anunciado que se está trabajando en una Renta Mínima Garantizada, una permanente reclamación de CCOO.
Se ha aprobado también una prestación específica a modo de subsidio extraordinario para las trabajadoras del hogar que, por efecto directo o indirecto de la crisis, vean rescindidos sus contratos. CCOO ya había manifestado la necesidad de que estas trabajadoras tuvieran acceso a una prestación económica, para que no fueran las grandes olvidadas e invisibles de esta crisis. Esta solución dentro de la excepcionalidad, no atiende a las reclamaciones de CCOO de equiparación y no aborda cuestiones pendientes, como la ratificación del convenio 189 de la OIT o acometer procedimientos de regularización.
Estas y otras medidas de apoyo en materia de alquileres y suministros en viviendas, para diversos grupos afectados como personas trabajadoras afectadas por ERTEs, personas desempleadas, o cualquier persona especialmente afectada como consecuencia de la crisis del Covid19), así como prohibición de corte de suministro básicos en viviendas –gas, electricidad, agua- para toda la población, son medidas que pueden favorecer, de manera especial, a muchas mujeres desempleadas, a mujeres mayores que solo cobran la pensión no contributiva de jubilación, o a las que encabezan familias monomarentales (1,5 millones de hogares encabezados por una madre, de los que 1 de cada 2 están en riesgo de pobreza).
Pero la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco Martín, señala aún muchas necesidades sociales no cubiertas hasta el momento: “Para CCOO es indispensable que no se deje a nadie atrás en la protección de las personas en estos momentos de emergencia sanitaria económica y social; por ello, sigue siendo prioritaria la adopción de una Renta Mínima Garantizada como prestación subjetiva e individualizada, porque son muchas las situaciones y personas que aún quedan fuera del paraguas de las medidas adoptadas. Son mujeres inmigrantes, o trabajadoras de la economía informal, o madres con hijos e hijas a cargo y sin trabajo ni prestación económica, etc. Son miles de mujeres. Y, recordemos, la pobreza y la precariedad tiene nombre y rostro de mujer“.
En el mismo Consejo de Ministros se han adoptado diversas medidas dirigidas a aumentar la protección a las mujeres expuestas a violencias machistas en situación de emergencia consecuencia de la crisis del covid19, entre ellas, proteger a las víctimas de violencia de género y de explotación sexual, garantizando como esenciales los servicios de atención a víctimas de trata. Tendrán la misma consideración los de atención a las mujeres que son maltratadas y que en muchos casos se están viendo obligadas a pasar el confinamiento junto a sus agresores: centros de emergencia, de acogida, pisos tutelados, etc. Se garantizará alternativa habitacional segura para las víctimas de violencia machista a través del alojamiento en establecimientos turísticos cuando los servicios de acogida habituales no tengan disponibilidad.
Del mismo modo, se va a habilitar el mecanismo para que los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas puedan destinar los fondos del Pacto de Estado para la violencia de género a poner en marcha las medidas específicas adoptadas para hacer frente al riesgo atendiendo a la situación de emergencia consecuencia del Covid19.
Elena Blasco Martín señala: “Son positivas las medidas adoptadas, que responden a la situación de incremento de riesgo de violencias machistas a que se ven expuestas muchas mujeres por el confinamiento. Toda medida de atención y protección que se haga es necesaria y urgente, porque se trata de vidas, de su seguridad. También valoramos muy positivamente que se establezcan los servicios de atención a las mujeres víctimas de todas las violencias machistas, algo que ya habíamos demandado, como también demandamos que se garanticen estos servicios desde las administraciones públicas y atendiendo a su profesionalización, pero estas acciones pueden y deben garantizarse con o sin crisis sanitaria“.