Comisiones Obreras Canarias | 21 diciembre 2024.

CCOO denuncia la caótica situación en la dependencia en Canarias

    Los trabajadores muestran su profundo malestar por las acusaciones de falsificación e irregularidad por parte de la directora general

    20/02/2024.
    Dirección General de Dependencia y Discapacidad (Gobierno de Canarias)

    Dirección General de Dependencia y Discapacidad (Gobierno de Canarias)

    La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias denunció este lunes la gestión de la directora general de Dependencia del Gobierno canario, Concepción Ramírez Cuélliga, por la “grave y caótica situación” que está llevando al servicio y al equipo de trabajo, al tiempo que manifiestan su malestar por las declaraciones vertidas en un medio de comunicación, en las que acusa a su antecesora y al personal por supuesta falsificación de datos e irregularidades en la tramitación de expedientes.

    Reducción de las listas de espera

    El sindicato recuerda que, en la anterior legislatura y por vez primera desde el 2007, se consiguió reducir considerablemente la lista de espera, gracias al aumento de personal en el área de Resolución de Programas Individuales de Atención (PIA) a través de los contratos programa, modalidad que finaliza el 31 de diciembre del 2024.

    Esto motivó una notable mejora del rendimiento en la adjudicación de ayudas y la mejora en los datos del IMSERSO, equilibrándose las valoraciones realizadas con la resolución de prestaciones económicas y de servicios.

    Desequilibrio entre las distintas áreas

    A juicio de FSC-CCOO, la actual directora se muestra reacia a entender que el déficit de personal y la falta de recursos asistenciales para el dependiente han sido los principales causantes del colapso del servicio y las largas listas de espera en Canarias, y ha preferido derivar gran parte del equipo de refuerzo al área de valoración, generando un desequilibrio del personal en ambas fases y, por consiguiente, un retraso en la emisión de resoluciones del Programa Individual de Atención (PIA), necesarias para que las personas dependientes puedan recibir los servicios y/o prestaciones a los que tienen derecho.

    Sobrecarga por la elevación de ratios

    Por otra parte, la directora pretende ampliar la ratio de expedientes semanales que realiza cada trabajador, volviendo a una gestión semejante a la que se realizó en los primeros años de andadura de este servicio y que en su momento generó un gran colapso en las resoluciones de Grado y de PIA, puesto que obvia la realidad del tiempo y las circunstancias específicas que conlleva este trabajo, y genera una gran sobrecarga y estrés sobre el personal.Todo esto solo conduce a numerosas incidencias y bajas laborales.

    Externalización de la gestión de citas

    Asimismo, denuncian que se ha externalizado a entidades privadas la fase de inicio y la gestiónde citas (sin advertir que este segundo trámite precisa el conocimiento de información confidencial del expediente, lo que vulnera gravemente los compromisos y deberes de los servicios públicos con su ciudadanía, impidiendo el desarrollo íntegro de un sistema de atención a la dependencia público, autosuficiente y competente).

    Simplificación del Procedimiento

    Por último, y quizás lo más grave para el sindicato, es la vuelta al proyecto de Decreto de simplificación del Procedimiento que pretende realizar, en una única visita domiciliaria, las dos fases técnicas (Valoración y PIA).

    En su momento y tras las denuncias públicas realizadas por profesionales y expertos, dicho decreto fue paralizado en el Parlamento de Canarias a causa de los perjuicios e irregularidades que generaba en el sistema, y porque no resolvía problemas reales como la escasez de recursos asistenciales para el dependiente en Canarias, o la carencia de recursos humanos y materiales en la Dirección General.A posteriori, equipos técnicos y entidades competentes en la materia hicieron aportaciones para mejorar y simplificar el procedimiento de Dependencia.

    La actual consejera, Candelaria Delgado, por aquel entonces presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, participó como técnica y se posicionó en contra de este proyecto de decreto que, ahora, e forma incomprensible, quiere implantar sin tener en cuenta las aportaciones y mejoras que fueron consensuadas.