Comisiones Obreras Canarias

Comisiones Obreras Canarias | 18 septiembre 2025.

CCOO seguiremos trabajando para paliar los efectos más negativos de la Ley de Eficiencia aprobada ayer por el Congreso

20/12/2024.

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Seguimos luchando por tus derechos

El Congreso aprobó ayer, y ya de forma definitiva, la Ley de Eficiencia con todos los contenidos lesivos para nuestras condiciones de trabajo que CCOO hemos venido denunciando en solitario durante todo este año

Tras el levantamiento por el Congreso del veto aprobado el Senado, la Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia se enviará de inmediato al BOE para su publicación con el mismo texto enviado a la cámara baja, que es el que puede verse en este enlace, y entrará en vigor a partir de los veinte días siguientes a dicha publicación

CCOO lamenta que esta Ley haya logrado la mayoría parlamentaria necesaria y haya salido adelante con el acuerdo de los sindicatos que la avalaron en el mes de julio pese a las nefastas consecuencias que tiene para los derechos y condiciones laborales del personal de Justicia

Como CCOO hemos venido haciendo en solitario durante toda la tramitación de la Ley, ante la inacción y el silencio del resto de sindicatos, seguiremos defendiendo las condiciones laborales del personal de Justicia ante el Ministerio y ante las comunidades autónomas que ahora tendrán que negociar la implantación de las oficinas judiciales y las RPTs

Como ya hemos venido informando, esta Ley establece la desaparición de los actuales juzgados y, en su lugar, se crea en cada localidad, cabecera de partido judicial, un Tribunal de Instancia que agrupará a todos/as los/as jueces/zas del partido. Estos Tribunales de Instancia se dividirán en Secciones por cada orden jurisdiccional y especialidad. La denominación y número de unidades judiciales de estas secciones en cada uno de los 430 partidos judiciales viene recogida en este Anexo de la Ley de Planta, modificada por esta Ley de Eficiencia. Igualmente, se constituirá un Tribunal Central de Instancia en la Audiencia Nacional, también dividido en Secciones para cada orden jurisdiccional

Las oficinas judiciales, actualmente divididas por juzgados, por UPADs o por servicios comunes, quedarán con esta Ley organizadas de la siguiente forma:

- Habrá de forma obligatoria un solo Servicio Común de Tramitación para cada Tribunal de Instancia

Se determinará por cada Administración competente (Ministerio o CCAA transferidas) si este servicio común se divide o no en áreas con la sola obligación de que exista al menos un área cuando haya 12 o más jueces o juezas de una misma jurisdicción o especialidad
Solo se da este caso en 15 de los 430 partidos judiciales:

	Civil	Instrucción	Penal	Contencioso-Administrativo	Social	Fam., infanc. y capacidad	Mercantil
Granada	X
Málaga	X	X	X		X
Sevilla	X	X	X	X	X
Zaragoza	X	X
Palma	X	X
Las Palmas	X
Valladolid	X
Barcelona	X	X	X	X	X	X	X
Alicante	X
Valencia	X	X	X		X
A Coruña	X
Vigo	X
Madrid	X	X	X	X	X	X	X
Murcia	X
Bilbao	X				X

- Podrá haber o no otros Servicios Comunes en cada partido judicial, lo que se determinará también por cada Administración competente, que también establecerá si estos servicios comunes se dividen o no en áreas, y éstas, en equipos

Podrá establecerse, también por cada administración competente, que un Servicio Común pueda dar atención a más de un partido judicial y que existan puestos de trabajo de un Servicio Común en distinta localidad de la de su sede

Solo serán centro de destino, según el art. 521 de la LOPJ modificado por esta Ley, cada uno de los Servicios Comunes que finalmente se constituyan (ni áreas, ni equipos), y a todas/os las funcionarias y funcionarios de cada Servicio Común se les podrán asignar tareas para la atención a cualquier juez o jueza de cualquier orden jurisdiccional o especialidad

Esta barbaridad ha sido aceptada por los sindicatos Csif, Staj, Ugt y Cig, según lo pactaron con el Ministerio de Justicia, si bien con el leve y totalmente insuficiente matiz de que se podrá elegir destino en los equipos con 50 o más funcionarios/as y en las áreas que se constituyan (recordemos que solo una será obligatoria cuando haya más de 12 jueces o juezas de la misma especialidad); además, para que esta diferencia de puestos a efectos de destino sea efectiva, tiene aun que negociarse y publicarse (en el plazo de seis meses, según se establece en la Ley aprobada) una modificación del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo

CCOO no vamos a darnos por vencidos y vamos a seguir luchando, porque no nos ata ningún acuerdo y nuestro compromiso es con los trabajadores y trabajadoras de la administración de Justicia, para defender los derechos del personal y minimizar el daño a nuestras condiciones laborales en la negociación de las oficinas judiciales y de las nuevas RPTs con el Ministerio y con las comunidades autónomas con competencias transferidas

El calendario de implantación de los Tribunales de Instancia aprobado en esta Ley será simultáneo al de las nuevas oficinas judiciales (servicios comunes) y al de las Oficinas de Justicia del Municipio que sustituirán a los actuales Juzgados de Paz, y es el siguiente:

1.º El día 1 de julio de 2025 los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en aquellos partidos judiciales donde no exista otro tipo de Juzgados, se transformarán, respectivamente, en Secciones Civiles y de Instrucción Únicas y Secciones de Violencia sobre la Mujer

2.º El día 1 de octubre de 2025, los Juzgados de Primera Instancia, los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en los partidos judiciales donde no exista otro tipo de Juzgados, se transformarán, respectivamente, en Secciones Civiles, Secciones de Instrucción y Secciones de Violencia sobre la Mujer

3.º El día 31 de diciembre de 2025, los restantes Juzgados, no comprendidos en los supuestos anteriores, se transformarán en las respectivas Secciones conforme a lo previsto en la presente ley

Antes de dichas fechas

Deberán estar negociadas y aprobadas las nuevas relaciones de puestos de trabajo
Deberán estar negociados y realizados los procesos de acoplamiento desde los actuales puestos de trabajo a los definidos en las nuevas RPTs
Deberán estar negociadas las modificaciones del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo y publicado el Real Decreto que las apruebe

Y en todas estas negociaciones, con el Ministerio de Justicia y con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, CCOO vamos a seguir reclamando:

LA LIBRE ELECCIÓN DE DESTINO EN JURISDICCIONES, ESPECIALIDADES Y CENTROS DE TRABAJO CONCRETOS

QUE NO SE REDUZCA EL NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO, NI EL NÚMERO DE PUESTOS CON RETRIBUCIONES SUPERIORES A LAS DE LOS PUESTOS GENÉRICOS, NI EL NÚMERO DE PUESTOS QUE REALIZAN GUARDIAS

EL RECONOCIMIENTO PROFESIONAL Y RETRIBUTIVO DE LAS FUNCIONES

EL DESARROLLO INMEDIATO DE LA CARRERA PROFESIONAL Y EL ABONO DE SU COMPLEMETO CON CARÁCTER RETROACTIVO

LA ELIMINACIÓN DE LAS DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR GRUPOS DE POBLACIÓN

LA RECUPERACIÓN DEL 50% DE LAS PLAZAS DE LA OEP PARA LA PROMOCIÓN INTERNA

CCOO vamos a exigir una negociación real, no vamos a permitir negociaciones ficticias en las que las administraciones competentes se limiten a presentar sus propuestas sin posibilidad de modificación con las reivindicaciones de las organizaciones sindicales, vamos a defender nuestras propuestas con contundencia y vamos a presionar con la convocatoria de movilizaciones acordadas en asambleas de trabajadores y trabajadoras si fuese necesario

Desgraciadamente, CCOO tendremos que hacer en solitario esta presión (igual que en solitario hemos estado trabajando con los grupos políticos) ya que, en el pacto alcanzado por los mencionados sindicatos firmantes con el Ministerio, éstos se “se comprometen a garantizar la paz social en el proceso de aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, así como durante el proceso de negociación de los puntos que formen parte de este acuerdo”, es decir, podrán negociar pero se lo pondrán fácil a la administración al carecer de capacidad de presión a través de los legítimos instrumentos de movilización que la ley reconoce a los trabajadores y a las trabajadoras y a sus organizaciones sindicales