¿Qué es el cuadro macro?

El cuadro macroeconómico es la hoja de ruta macro que el Gobierno central elabora con previsiones para los próximos años: proyecta variables clave como el crecimiento del PIB, el empleo, el déficit, la deuda pública, etc.

¿Qué novedades se incorporan al cuadro macro y qué implicaciones tiene esto?

El Consejo de Ministros del pasado 18 de noviembre aprobó la inclusión de indicadores microeconómicos, es decir, medidas de desigualdad y pobreza como el índice de Gini o la tasa de riesgo de pobreza. Esto ha sido propuesto en reiteradas ocasiones desde el Gabinete Técnico de Canarias para los presupuestos regionales, aún sin resultado.

El objetivo es que las políticas macroeconómicas no sólo promuevan el crecimiento, sino que ese crecimiento tenga en cuenta la situación económica de los hogares. De este modo, el cuadro deja de ser solo una previsión abstracta y se convierte en una guía de política económica más vinculada a la justicia social.

¿Qué indicadores se incluyen?

Según el propio Gobierno “dos indicadores de desigualdad (el índice de Gini y el 80/20) y uno de pobreza (la tasa de riesgo de pobreza)”.

¿Qué valoración se puede hacer al respecto?

La incorporación del índice de Gini, la ratio 80/20 y la tasa de riesgo de pobreza al cuadro macroeconómico supone un avance significativo y muy positivo en la forma de diseñar la política económica.

Estos indicadores permiten que el seguimiento del crecimiento deje de limitarse a cifras agregadas, a menudo desconectadas de la vida cotidiana, y obligan a evaluar si ese crecimiento se traduce realmente en mejoras distributivas.

Su presencia en el cuadro macro introduce una lógica de responsabilidad social: el Gobierno además de explicar cómo evoluciona el PIB, también tendrá que exponer cómo afectan sus decisiones a las brechas de desigualdad y a la población vulnerable.

Además, estos indicadores son estándares internacionales ampliamente contrastados, lo que mejora la comparabilidad con la UE y con organismos como la OCDE, y proporciona una base más sólida para orientar políticas públicas eficaces.

En conjunto, su inclusión ayuda a desplazar el foco desde “cuánto crecemos” hacia “cómo se reparte ese crecimiento”, y eso refuerza la transparencia y la calidad democrática del proceso presupuestario.

Críticas a estos indicadores:

Aunque la inclusión del Gini, la ratio 80/20 y la tasa de riesgo de pobreza es un paso adelante, estos indicadores también presentan limitaciones importantes que deben tenerse en cuenta. La ratio 80/20, por ejemplo, no capta adecuadamente lo que ocurre en los extremos de la distribución, donde se concentran tanto la mayor desigualdad como las dinámicas más volátiles: ni refleja la acumulación de renta en el 1% o el 0,1% más rico, ni muestra el deterioro de los hogares con ingresos extremadamente bajos.

La tasa de riesgo de pobreza utiliza un criterio relativo: se considera en riesgo de pobreza a quien tiene ingresos inferiores al 60% de la mediana de la población. Esto implica que el umbral no es fijo ni refleja un nivel de vida material concreto, sino que se mueve según cambian los ingresos de la sociedad en su conjunto.

El problema surge cuando una crisis económica reduce los ingresos de la mayoría de los hogares: si la mediana cae, también cae automáticamente el umbral del 60%. En ese escenario, algunas personas pueden “salir” estadísticamente del riesgo de pobreza sin haber ganado un solo euro, simplemente porque el listón se ha desplazado hacia abajo.

¿Qué se puede hacer en la lucha contra la pobreza? El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo.

En la lucha contra la pobreza, las políticas públicas deben combinar acciones de emergencia, medidas estructurales y estrategias preventivas que aborden tanto la falta de ingresos como las desigualdades de acceso a servicios esenciales.

En este sentido, el reciente Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) “Estrategia de la UE de lucha contra la pobreza”, aprobado el pasado verano, ofrece un marco útil para orientar propuestas: subraya la necesidad de reforzar los sistemas de protección social, garantizar ingresos mínimos adecuados, ampliar el acceso efectivo a vivienda, salud, educación y cuidados, y apostar por políticas de empleo de calidad que reduzcan la precariedad.

También plantea la importancia de coordinar las políticas fiscales y redistributivas para contener la desigualdad, y de integrar la lucha contra la pobreza en todas las políticas europeas, desde la transición ecológica hasta la digitalización.

Nos pareció pertinente, aprovechando la ocasión, incorporar esta perspectiva en nuestro informe que nos permita situar el debate del empobrecimiento en Canarias bajo la óptica de las estrategias europeas, mostrando que la reducción de la pobreza requiere coherencia, inversión sostenida y un enfoque integral que combine rentas, servicios y trabajo digno. Con independencia que, por nuestras particularidades características, se puedan abordar estrategias e iniciativas diferenciadas que no son objeto de análisis por parte de este informe.

Las principales propuestas del informe del CESE son (los títulos son los propios del CESE):

1. Un cambio fundamental: contraer un compromiso de erradicación de la pobreza extrema y adoptar un enfoque basado en los derechos.

Plantea la necesidad de un cambio profundo en el discurso político y social sobre la pobreza. En lugar de tratarla como un efecto secundario inevitable del funcionamiento económico, propone definirla como una violación evitable de los derechos fundamentales, generada por injusticias estructurales y por una distribución desigual, y políticamente determinada, de la riqueza y del poder.

2. Una renta y una protección social adecuadas para toda la población.

En primer lugar, las estrategias de mejora de la productividad y de creación de empleo son fundamentales para garantizar que los hogares tengan acceso a ingresos suficientes y sostenibles.

Por ello, cualquier estrategia de lucha contra la pobreza debe integrarse con políticas activas de empleo que promuevan salarios justos, formación profesional adecuada y condiciones laborales dignas.

Por otro lado, en el ámbito de la protección social, resulta imprescindible abordar la inadecuación de los criterios de admisibilidad y reducir el déficit de cobertura de regímenes de renta mínima y otras prestaciones sociales.

3. Empleos de calidad, salarios justos y políticas activas del mercado de trabajo para luchar contra la pobreza de los/as ocupados/as.

El empleo no es garantía automática contra la pobreza, por lo que mayor importancia de empleos de calidad, que el CESE define como: con contratos de trabajo garantizados, salarios justos, seguridad del empleo, derechos de los trabajadores, equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, una negociación colectiva sólida y acceso a la protección social.

El empleo de calidad además de aumentar las rentas familiares, también fortalece la cohesión social y contribuye a reducir la desigualdad, al ofrecer oportunidades de movilidad económica y estabilidad a largo plazo.

Es fundamental fortalecer los sistemas de aprendizaje permanente, de manera que las personas trabajadoras puedan actualizar sus competencias y adaptarse a un mercado laboral en constante cambio. Esto permite integrar mejor a personas económicamente inactivas o desempleadas, facilitando su acceso a empleos de calidad.

Además, resulta clave impulsar inversiones y creación de empleo en zonas rurales, donde la escasez de oportunidades contribuye a la pobreza estructural y a la despoblación, asegurando que el desarrollo económico sea equilibrado y accesible para todos los territorios.

4. Un acceso universal a servicios asequibles y de calidad para todos/as.

El acceso a servicios esenciales constituye un pilar central en la lucha contra la pobreza. No se trata sólo de garantizar la cobertura de necesidades básicas, sino de asegurarlas a precios razonables para todos los hogares.

Esto incluye la energía, donde pueden implementarse instrumentos como la prohibición de interrumpir el suministro, así como el acceso al agua, saneamiento, transporte y comunicaciones digitales, garantizando que ninguna persona quede excluida de servicios fundamentales para su vida cotidiana y participación social.

Asimismo, es necesario integrar el acceso al empleo y vivienda dentro de la agenda de servicios esenciales. La creación de empleo digno y la expansión de la oferta de viviendas sociales son medidas imprescindibles para prevenir la exclusión y la pobreza urbana y rural.

Paralelamente, la asistencia sanitaria debe abarcar, además de la atención básica, también áreas que históricamente han estado menos protegidas, como la salud mental, la odontología y la oftalmología, asegurando una cobertura integral que no deje vacíos críticos en la protección social. Así como el refuerzo en la atención primaria en el ámbito de la prevención y la cronicidad de las enfermedades.

Por último, los servicios sociales y educativos son clave para prevenir la pobreza intergeneracional y favorecer la igualdad de oportunidades. Esto incluye los cuidados de larga duración, la educación primaria y secundaria, y especialmente la educación infantil y la atención a la infancia, que permiten a las familias conciliar, reducir desigualdades y garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas.

Garantizar estos servicios de manera universal y accesible constituye un enfoque multidimensional que conecta directamente la protección social con la reducción efectiva de la pobreza.

5. Abordar la pobreza interseccional y las vulnerabilidades específicas.

La lucha contra la pobreza interseccional exige mejorar de forma sustancial la recopilación y el análisis de datos, de manera que se visibilicen las diferentes capas de discriminación que afectan simultáneamente a ciertos grupos (como género, origen, edad, discapacidad o situación administrativa) y que los sistemas estadísticos puedan reflejar mejor estas realidades complejas.

6. Gobernanza, financiación y coordinación efectiva de la estrategia de lucha contra la pobreza.

La dimensión de gobernanza de la estrategia europea contra la pobreza incluye la posibilidad de crear una función específica de coordinación, una figura a escala de la UE encargada de impulsar, supervisar y dar coherencia a las políticas de lucha contra la pobreza en todos los Estados miembros.

En el caso de Canarias, un rol similar podría asemejarse al del Diputado del Común, pero orientado específicamente a la garantía de derechos sociales y al seguimiento de políticas redistributivas.

7. El papel de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra la pobreza.

Por último, el CESE destaca la importancia del diálogo social como elemento central de cualquier estrategia efectiva de lucha contra la pobreza. En particular, subraya que la participación activa de los agentes sociales puede contribuir de manera decisiva a la creación de empleos de calidad, mejorando las condiciones laborales y reduciendo la precariedad que alimenta la pobreza en el trabajo.

Asimismo, su implicación resulta clave para ampliar la tasa de cobertura de la negociación colectiva, un factor directamente asociado a la reducción de desigualdades salariales y a la garantía de derechos laborales mínimos en todos los territorios y sectores.

En el caso de Canarias, más que centrarse exclusivamente en aumentar la tasa de cobertura de la negociación colectiva, sería pertinente avanzar hacia la regionalización de los convenios actualmente provinciales, dado que la división provincial no responde a la realidad socioeconómica del archipiélago.