Comisiones Obreras Canarias | 15 abril 2024.

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Medidas para frenar el aumento de las desigualdades, hacen falta más

    LA SECRETARIA confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco Martín, subraya y valora el importante y favorable impacto de género de algunas de las medidas extraordinarias adoptadas ayer en el Consejo de Ministros: “Valoramos favorablemente las medidas adoptadas; parece que el Gobierno opta por aumentar la protección social para grupos de personas y en situaciones que de otro modo quedarían más expuestos a la exclusión social, desde CCOO lo evaluamos de forma positiva. Especialmente las que aumentan la prestación económica a algunas personas desempleadas sin otras prestaciones en vigor y a las trabajadoras del hogar, así como las que garantizan la permanencia en sus viviendas a la población más vulnerable. Sin embargo, constatamos que hace falta tomar más medidas, entre ellas la Renta Mínima Garantizada, para no dejar a nadie atrás”.

    01/04/2020.
    Fotografía de Txefe Betancort.

    Fotografía de Txefe Betancort.

    EL REAL Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 contempla distintas medidas de carácter social dirigidas al apoyo a personas trabajadoras, familias y colectivos vulnerableS. Un RD que ha tenido una primera valoración positiva por CCOO, al dar respuesta a algunas de las demandas sindicales, aunque queda margen para seguir avanzando en la protección de las personas más vulnerables, en el marco del diálogo social y con la idea básica y solidaria de no dejar a nadie atrás.

    Desde la Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad destacamos algunas medidas relevantes por el impacto en las mujeres:

    Desempleo. Nuevo “subsidio de desempleo por fin de contrato temporal”, prestación específica correspondiente al 80% del IPREM, unos 440 euros mensuales, dirigida a personas trabajadoras temporales con un contrato de, al menos, dos meses de duración, que llega a su fin con posterioridad a la declaración del estado de alarma y que no cuentan con el tiempo mínimo cotizado para acceder a otras prestaciones o subsidios.

    Pero esta prestación no alcanza a todas las personas desempleadas, aunque se ha anunciado que se está trabajando en una Renta Mínima Garantizada, una permanente reclamación de CCOO.

    Recordamos que, según últimos datos de paro registrado, correspondientes al pasado mes de febrero, las trabajadoras en paro ascendían a 1.896.072, y suponían el 59% del total de personas desempleadas. Medio millón de mujeres más que de hombres registrados en el desempleo (exactamente 546.097), una diferencia que aumentó ese mes, con 8.204 mujeres más respecto a enero. En cambio, la protección frente al desempleo registra una elevada brecha de género: la tasa de cobertura de los hombres (72,7%) está 11 puntos por encima de la de las mujeres (61,3%).

    Trabajadoras del hogar. Prestación específica a modo de subsidio extraordinario también para estas trabajadoras que, por efecto directo o indirecto de la crisis, vean rescindidos sus contratos: “Se crea un subsidio extraordinario temporal del que se podrán beneficiar ante la falta de actividad, la reducción de las horas trabajadas o la extinción del contrato como consecuencia del COVID-19. La cuantía del subsidio dependerá de la retribución percibida con anterioridad, así como de la reducción de actividad que se sufra, exigiéndose una prueba acreditativa de dicha reducción al empleador. Este subsidio es compatible con el mantenimiento de otras actividades y la cuantía máxima a recibir será el SMI sin pagas extraordinarias”.

    Desde CCOO ya se había solicitado la necesidad de que estas trabajadoras tuvieran acceso a una prestación económica, para que no fueran las grandes olvidadas e invisibles de esta crisis. Una solución dentro de la excepcionalidad que no atiende a las reclamaciones de CCOO de equiparación y que no aborda cuestiones pendientes, como la ratificación del Convenio 189 de la OIT o acometer procedimientos de regularización.

    Apoyo en materia de alquileres y suministros en viviendas. Diferentes medidas (microcréditos a interés cero, a devolver en 6 años, prohibición de desahucios durante 6 meses o prohibición de incremento del precio de alquiler, etc., para diversos grupos afectados: personas trabajadoras afectadas por ERTEs, personas desempleadas, o cualquier persona especialmente afectada como consecuencia de la crisis del Covid19), así como prohibición de corte de suministro básicos en viviendas –gas, electricidad, agua- para toda la población.

    Son medidas que pueden favorecer, de manera especial, a muchas mujeres desempleadas, a mujeres mayores que solo cobran la pensión no contributiva de jubilación, o a las que encabezan familias monomarentales.

    Sobre estas últimas, las mujeres que encabezan familias monomarentales recordemos que hay 1,5 millones de hogares encabezados por una madre, hogares de los que 1 de cada 2 están en riesgo de pobreza. Según la Encuesta Continua de Hogares 2018, los hogares monoparentales (formados por uno solo de los progenitores con hijos/hijas), estaban mayoritariamente integrados en 2018 por madre con hijos e hijas. En concreto había 1.538.200 (el 82% del total), frente a 340.300 de padre con hijos e hijas. Además, la Encuesta de Condiciones de Vida 201, del INE, reflejaba que el mayor riesgo de pobreza o exclusión social estaba en las familias encabezadas por una persona adulta con hijos e hijas dependientes, riesgo que llegaba a ser del 50%.

    También, en relación con la actividad, se situaba en un 59% el riesgo de pobreza para las personas desempleadas. Y no podemos olvidar que el 59% de estas personas desempleadas, en la actualidad, son mujeres, por lo que las medidas en materia de suministros para la vivienda y alquileres les suponen un alivio a tener en cuenta, en prevención de la pobreza energética.

    La secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco Martín, señala aún muchas necesidades sociales no cubiertas hasta el momento: “Para CCOO es indispensable que no se deje a nadie atrás en la protección de las personas en estos momentos de emergencia sanitaria económica y social, por ello, sigue siendo prioritaria la adopción de una Renta Mínima Garantizada como prestación subjetiva e individualizada, porque son muchas las situaciones y personas que aún quedan fuera del paraguas de las medidas adoptadas. Son mujeres inmigrantes, o trabajadoras de la economía informal, o madres con hijos e hijas a cargo y sin trabajo ni prestación económica, etc. Son miles de mujeres. Y, recordemos, la pobreza y la precariedad tiene nombre y rostro de mujer.“

    En el mismo Consejo de Ministros se adoptaron diversas medidas dirigidas a aumentar la protección a las mujeres expuestas a violencias machistas en la situación de emergencia consecuencia de la crisis del COVID-19, que han quedado recogidas en el Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.

    Entre las medidas adoptadas, la consideración de servicios esenciales a los de atención a todas las víctimas de esta violencia, garantías para el normal funcionamiento de los servicios de información y asesoramiento jurídico 24 horas, telefónica y en línea, así como de los servicios de teleasistencia y asistencia social integral a las víctimas de violencia de género; garantías en servicios de acogida a víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres, que incluye como novedad una alternativa habitacional segura para las víctimas de violencia machista a través del alojamiento en establecimientos turísticos cuando los servicios de acogida habituales no tengan disponibilidad.

    También, se garantiza el sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género; se adopta la previsión de medidas de protección relativas al personal que presta servicios de asistencia social integral a víctimas de violencia de género, y otras formas de violencia contra las mujeres que, por su naturaleza, se deban prestar de forma presencial, y se anuncia que se va a habilitar el mecanismo para que los Ayuntamientos y comunidades autónomas puedan destinar los fondos del Pacto de Estado para la violencia de género a poner en marcha las medidas específicas adoptadas para hacer frente al riesgo atendiendo a la situación de emergencia consecuencia del COVID-19.

    Elena Blasco Martín declara: “Son positivas las medidas adoptadas, que responden a la situación de incremento de riesgo de violencias machistas a que se ven expuestas muchas mujeres por el confinamiento. Toda medida de atención y protección que se haga es necesaria y urgente, porque se trata de vidas, de su seguridad. También valoramos como muy positivo que se establezcan los servicios de atención a las mujeres víctimas de todas las violencias machistas, algo que ya habíamos demandado, como también demandamos que se garanticen estos servicios desde las administraciones públicas y atendiendo a su profesionalización, pero estas acciones pueden y deben garantizarse con o sin crisis sanitaria“.

    Por último, la responsable confederal recuerda que desde CCOO se atiende a todas las personas trabajadoras desde el teléfono gratuito y permanente, o por correo electrónico, dando respuesta sindical a las consultas que tengan respecto a situaciones vinculadas con los ERTEs o las prestaciones por desempleo, salud laboral, derechos de conciliación, etc.

    Teléfono gratuito de CCOO por crisis COVID-19: 900 301 000

    Atención por correo electrónico: coronavirus@ccoo.es

    Ver Información sobre el coronavirus CCOO. Actualización permanente

    Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, 1 abril 2020