Comisiones Obreras Canarias | 7 noviembre 2024.

Los hogares canarios como arrendadores y arrendatarios. Anualidad 2022

    26/05/2023.
    gabinete tecnico informe

    gabinete tecnico informe

    La Ley por el derecho a la vivienda ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados, en fecha 27 de abril de 2023, sin el consenso que estimamos conveniente dada su trascendencia y la importancia de solventar la problemática existente en España en torno al acceso a la vivienda. El resultado de la votación fue de 176 votos a favor, 167 en contra y 1 abstención.

    Canarias presenta la menor proporción de hogares con vivienda en propiedad, un 62,3% frente al 75,9% de media a escala nacional.

    Supera, por el contrario, la media nacional y es la tercera región con mayor proporción de hogares con vivienda en alquiler, por detrás de Baleares y Melilla, al presentar un ratio del 27,7%, 241.158 hogares de los que 188.061 pagan renta de alquiler a precios de mercado y, el resto, lo hace en cuantía inferior al precio de mercado (p.e. alquiler social, alquiler familiares, etc.).

    Casi un 34% de las viviendas alquiladas a precios de mercado en el archipiélago pertenecen a hogares, concretamente 89.506 unidades de convivencia representativas de un 10.3% del total, que perciben rentas superiores a 600 euros anuales por el alquiler de una propiedad inmobiliaria.

    Es de suponer por tanto que el resto del parque de vivienda alquilada en Canarias, del 66% restante, es comercializado a través de agrupaciones patrimoniales, SOCIMIS, fondos de inversión o cualquier empresa que cuente con patrimonio inmobiliario entre sus activos y la actividad inmobiliaria resulte acorde a su objeto social.

    En atención al peso de la oferta a través de propietarios individuales, cualquier interpretación o constatación de que la nueva Ley, publicada en el Boletín Oficial del Estado, suponga un agravio o, cuanto menos, incertidumbre jurídica para el ofertante, podría suponer una restricción de la oferta y un agravamiento del problema de acceso a la vivienda en Canarias con especial incidencia en zonas tensionadas o islas como Fuerteventura y Lanzarote.