Comisiones Obreras Canarias | 11 abril 2026.

Condiciones de Vida en Canarias en Transporte, Energ铆a y Reciclaje

Informe Encuesta Condiciones de Vida en Canarias 2025. M贸dulo Especial

    07/04/2026.
    Informe Encuesta Condiciones de Vida en Canarias 2025

    Informe Encuesta Condiciones de Vida en Canarias 2025

    Con motivo de la publicación, el pasado 30 de marzo, de un módulo especial de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 con el que se abordan determinados aspectos relacionados con la vivienda, el transporte y el reciclaje, analizamos los datos y queda evidenciado lo siguiente:

    Una realidad preocupante desde el ámbito social por la alta dependencia del vehículo privado, vulnerabilidad energética en la vivienda y carencia de espacios públicos verdes en zonas urbanas.

    Transporte

    En primer lugar, da cuenta de una alta dependencia del coche. El 62,9% de la población canaria lo utiliza como medio de transporte más frecuente, por encima de la media estatal (53,5%). Al mismo tiempo, solo el 24,5% de la población usa principalmente transporte público y apenas el 8,9% se desplaza a pie, muy por debajo del promedio nacional (16,3%).

    Hubiera sido interesante conocer estos datos con anterioridad a la medida de gratuidad del transporte público. Bien es cierto que los principales operadores de las concesiones públicas han registrado un incremento en el número de viajeros, pero habría que profundizar en las causas que justifican el menor uso que se hace respecto al promedio estatal.

    También sobresale nuestra región en cuanto al peso del parque móvil privado y su antigüedad. En Canarias hay menos hogares sin vehículo que en la media estatal (19,3% frente a 22,8%) y una proporción apreciable de hogares con varios vehículos; de hecho, un 10,1% dispone de tres o más.

    Junto a ello, los hogares con un vehículo de 10 años o más representan el 27,8%, y otro 10,1% tiene dos vehículos antiguos. Este dato apunta a una movilidad muy apoyada en vehículos privados, en muchos casos envejecidos y previsiblemente más costosos y contaminantes.

    En materia de uso del vehículo privado, Canarias también muestra una intensidad relevante de conducción, un 11,5% conduce más de 10 horas semanales vehículos de combustión o híbridos, claramente por encima de la media nacional (8,0%), reflejo de la ausencia de alternativas válidas de movilidad que se ajuste a las necesidades de transportes y de la alta densidad de tránsito en las vías de acceso a las principales ciudades y/o centros de trabajo.

    Vivienda

    En el ámbito doméstico aparecen algunos signos mixtos. Por un lado, solo el 10,7% de los hogares ha realizado mejoras de eficiencia energética en los últimos cinco años, porcentaje muy inferior al estatal (19,5%). Por otro, el 25,8% señala que no ha acometido mejoras pese a que serían necesarias.

    Aunque el 63,5% afirma no necesitarlas, el dato de actuaciones efectivamente realizadas sigue siendo bajo para una comunidad especialmente expuesta al encarecimiento energético y a la vulnerabilidad residencial.

    En sostenibilidad cotidiana, Canarias queda algo por detrás de la media en reciclaje de botellas de plástico. El 73,8% recicla siempre o la mayoría de las veces, frente al 79,0% estatal. En reparación de móviles, el comportamiento es prácticamente similar al nacional: solo una de cada cuatro personas intentó repararlo la última vez que se rompió.

    Medioambiente

    Por último, el bloque ambiental y urbano arroja señales preocupantes. Solo el 49,9% de los hogares tiene un espacio verde público a menos de 400 metros, frente al 64,6% estatal, y un 12,4% lo tiene a 2 kilómetros o más, más de tres veces la media nacional (3,6%).

    Esa menor accesibilidad se traduce en una valoración más baja de los espacios verdes, revelando una satisfacción media de 6,1 en nuestras islas frente a 7,0 en el conjunto de España.

    Consecuencias de los resultados alcanzados

    Desde una perspectiva sindical, estos resultados tienen varias consecuencias. La primera es un mayor coste de acceso al empleo. La fuerte dependencia del coche traslada a las personas trabajadoras una parte creciente del coste de la movilidad (combustible, mantenimiento, seguros, etc.). Esto afecta más a los salarios bajos, a quienes viven lejos de los centros de trabajo y a quienes encadenan empleos precarios o con horarios partidos.

    La segunda es una desigualdad territorial y social en la movilidad. Cuando el transporte público no ofrece alternativas suficientes en tiempo, frecuencia o capilaridad, el acceso al trabajo, a la formación o a servicios básicos queda condicionado por la tenencia de vehículo propio. Eso perjudica especialmente a jóvenes, mujeres, hogares con menos renta y personas mayores.

    La tercera es la vulnerabilidad energética de los hogares. El bajo nivel de reformas de eficiencia puede traducirse en viviendas menos confortables, facturas energéticas más elevadas y peores condiciones de salud, especialmente en hogares con menos recursos o en edificios antiguos.

    La cuarta es un déficit de calidad ambiental urbana y bienestar cotidiano. La menor proximidad y peor valoración de los espacios verdes indica carencias en planificación urbana, acceso al ocio saludable y calidad de vida en barrios y entornos urbanos densos.

    Los resultados muestran que Canarias afronta una transición ecológica con condicionantes estructurales propios, esto es, fuerte dependencia del coche, baja implantación de mejoras de eficiencia energética en los hogares y déficits en accesibilidad a espacios verdes.

    Desde una perspectiva sindical, esto exige políticas públicas que combinen sostenibilidad con justicia social, protección del poder adquisitivo y garantía de igualdad de acceso al trabajo y a unas condiciones de vida dignas.

    Entre otras, las políticas a implementar pasarían por:

    Plan de movilidad laboral. Reforzar el transporte público interurbano y metropolitano, con más frecuencia, mejor conexión entre áreas residenciales y polos de empleo y horarios adaptados a turnos laborales reales. También sería conveniente promover planes de transporte al trabajo en grandes centros laborales y polígonos industriales, haciendo efectivas las disposiciones normativas contenidas en la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible.

    La reciente publicación del Real Decreto 7/2026 que modifica el artículo 26 de la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible es un paso en esa dirección al suponer un adelanto de los plazos. La obligación de contar con un plan de movilidad al trabajo ha pasado de los 24 meses inicialmente previstos a solo 12 meses desde la entrada en vigor de la Ley.

    Rehabilitación energética de viviendas con prioridad social. Hace falta una política más ambiciosa de subvenciones, financiación blanda y acompañamiento técnico para reformas de aislamiento, ventilación, carpinterías y autoconsumo, priorizando hogares vulnerables y barrios con parque residencial envejecido.

    Renovación no regresiva del parque móvil. La sustitución de vehículos antiguos no debe descansar sólo en el esfuerzo de las familias. Hacen falta planes públicos con criterios de renta, apoyo específico a trabajadores obligados a usar coche y alternativas reales de transporte antes de penalizar.

    Estrategia canaria de barrios saludables. Conviene aumentar la proximidad de zonas verdes, mejorar su mantenimiento y conectarlas con itinerarios peatonales seguros.